miércoles, 27 de julio de 2011

Sobre la tolerancia II

          ¿Debe ser tolerado el intolerante? La respuesta de John Locke a este interrogante en su Carta sobre la tolerancia es "no". El Estado según Locke deberá respetar todas las creencias religiosas, pero deberá actuar contra aquel que trate de imponer las suyas violentamente, así como contra aquel que carezca de creencias. En efecto Locke, hijo de su época, considera que el ateo, como el intolerante, no debe ser tolerado. El razonamiento en que se basa esta idea es el siguiente: el Estado democrático existe por un pacto que nos compromete a todos, el ateo es incapaz de asumir compromiso alguno porque no puede jurar, por lo tanto el ateo es incapaz de suscribir el pacto en que descansa el Estado democrático. En este caso la conclusión es falsa porque lo es la segunda premisa, desmentida por la experiencia: son muchos los creyentes que no respetan la palabra dada, y muchos los ateos que sí lo hacen, aunque prometan y no juren. El juicio de Locke, obviamente, descansa en una concepción todavía arcaica del Estado según la cual los derechos son naturales por estar regidos por la ley divina, y quien rechaza dicha ley difícilmente podrá aceptar dichos derechos.
            Una vez salvado este escollo preguntémonos si Locke tiene razón al negar que deba ser tolerado el intolerante. ¿Qué quiere decir esto? No se refiere al hecho obvio de que deba perseguirse a aquel que ejerce físicamente la violencia. Y tampoco se trata tan solo de perseguir actos concretos de intolerancia, sino al propio intolerante. ¿Cómo es eso posible? ¿No convertiría eso a ciertas personas en ilegales dentro de la democracia, negando así un pluralismo que debería ser su esencia misma? En realidad no, porque lo que la democracia no puede ni debe tolerar son atentados contra ese mismo pluralismo, y dichos atentados no son solo acciones terribles como los crímenes de ETA o del asesino de Oslo, sino también esos atentados indirectos como son la apología del terrorismo, el racismo, la xenofobia o el fascismo. Ahora, defender esto último no implica que no se deba tolerar al intolerante, sino que debe ampliarse el concepto de "acción violenta" y comprender que expresarse en términos racistas, por ejemplo, es en sí mismo un acto racista. Expresar una opinión también es llevar a cabo una acción.

            Por ello considero más acertada la forma de entender la tolerancia en un Estado democrático que tiene John Rawls que la de John Locke. El Estado democrático debe tolerar incluso al intolerante, pero debe ser inflexible con los actos intolerantes, aunque dichos actos sean palabras. Ante la duda, ¿cómo debería actuar el Estado? Debería abstenerse de actuar salvo cuando haya constancia de una acción inminente resultado de ciertas posturas. Para la salud de la propia democracia es mejor dejar escapar a un culpable que castigar a un inocente. Hay medios de la derecha que a raíz de las reacciones al atentado de Oslo advierten del peligro de criminalizar las ideas, pero es que hay ideas que son criminales, cuya expresión misma daña. Esos mismos medios así lo reconocen cuando se trata de ideas que amparan el terrorismo de ETA. Consideran que quienes manifiestan su apoyo, explícitamente o por omisión, a los crímenes de ETA son en parte responsables de dichos crímenes, y estoy de acuerdo. ¿Pero por qué no extender dicho juicio a quienes apoyan los crímenes racistas, xenófobos y fascistas? ¿Qué hace mejor a un líder de la ultraderecha noruega que a un líder de Batasuna? ¿No anima a ambos la misma xenofobia? No es coherente quien condena la apología del terrorismo y no del racismo y viceversa. Si unos partidos deben ser ilegalizados porque algunas de sus ideas y principios son esencialmente antidemocráticos, así debería ocurrir con todos.

            No es criminal decir, por ejemplo, que hay que controlar la inmigración (aunque el Artículo 13.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que "Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado"), es criminal defender que tienen más derechos los "autóctonos" (españoles, vascos o noruegos) que los extranjeros, porque los derechos son absolutos, independientes de cualquier "origen nacional" (Art. 2.1), y por tanto priorizar los derechos de unos frente a los de otros es negar los de aquellos que se dejan en segundo lugar. Y negar derechos es un crimen, es un ejercicio activo de violencia, luego sí, la expresión pública de ciertas ideas es en sí misma un crimen. Hay ideas que son en sí mismas agresiones porque apuntan a la línea de flotación de la libertad, porque son la negación de la libertad de algunos y por tanto la negación de las condiciones mismas de posibilidad de la vida en común. Quien defiende que no hay ideas ilegales no entiende esto, y se basa una vez más en el error muy extendido (que ya critiqué en una entrada anterior "Sobre la tolerancia") de que todas las opiniones valen lo mismo, que toda opinión merece respeto, cuando son las personas y no las opiniones quienes merecen universalmente respeto. Y por ello mismo considero, contra Locke, que debe tolerarse al intolerante, pero no debe dejar de perseguirse ninguna expresión de la intolerancia. La democracia debe respetar la libertad de conciencia, siempre, y debe respetar la libertad de expresión, salvo cuando el ejercicio de esta vulnere los derechos de otros ciudadanos, del mismo modo que se respeta la libertad de acción salvo cuando vulnera dichos derechos.

            ¿Quiere esto decir que sea legítimo emplear la violencia en respuesta a actos intolerantes? No, salvo aquella que entra dentro del uso legítimo que de ella puede hacer el Estado, esto es, aquella que es conforme a la ley. Porque lo que ha de hacerse con el intolerante es aquello que él no hace: incluir dentro de la legalidad a aquel cuyas ideas resultan repulsivas. Se aplica la ley a quien considera que está fuera de la ley o que hay otros que no merecen ser amparados por la ley. El Estado democrático ha de decirle al intolerante: "lo que tú no le reconoces a tus víctimas, el Estado no obstante te lo reconoce a ti". Por ello los criminales de guerra nazis tuvieron derecho a un juicio en Nuremberg, aunque ellos no habían concedido dicho derecho a sus víctimas, porque la democracia reconoce derechos incluso a quienes los niegan y pisotean. Pero eso no quiere decir que la democracia renuncie a perseguirlos, juzgarlos y condenarlos, porque precisamente lo que está en juego es la existencia misma de la democracia.

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